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Los jueces piden más medidas educativas y preventivas contra la violencia doméstica

| -k bidalia webmaster2 | Esteka iraunkorrak | Violencia de Género

Fuente: A. URIONA (elpais.com)

Las asociaciones de jueces han coincidido en señalar que penas más duras para los agresores no resuelven el problema de la violencia de género, sino que son necesarias más medidas educativas y preventivas para reducir el número de mujeres fallecidas a manos de sus parejas o ex parejas.

El Ministerio de Igualdad contabilizó 70 mujeres muertas en estas circunstancias el año pasado, aunque otros siete casos continúan pendientes de investigación. Según otros cálculos, 2008 acabó con un total de 72 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, dos más que en 2007.

En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, lamentó que en 2008 se incrementaran "de una manera alarmante este tipo de conductas delictivas, tan censurables, abominables, inaceptables y criticadas en una sociedad moderna, plenamente democrática, plural y respetuosa con el principio de dignidad humana y que cree en la igualdad de sexos".

Para evitar nuevos balances "trágicos" como el de 2008, García insistió en "el aspecto pedagógico: hay que educar a la gente en valores de respeto y tolerancia, y comprometerla desde las edades más tempranas de la vida".

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, declaró a Servimedia que "sólo con la respuesta penal no estamos logrando éxitos importantes" en materia de violencia de género.

Gimeno pidió "respuestas en ámbitos de educación y prevención y, sobre todo, que estas conductas se rechacen socialmente, que no haya ningún tipo de complicidad. Nadie tiene que ser cómplice, salvo del apoyo a las personas que sufren".

Por último, María Jesús Alarcón, miembro del Comité Nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, dijo a esta agencia que "el problema de la violencia de género no se resuelve con un endurecimiento de las penas, sino que es más profundo, un problema de educación y de formación".

"La ley integral contra la violencia de género nació con unas expectavias maravillosas, pero con un excesivo énfasis en el ámbito penal y no en otros aspectos fundamentales, como la educación, la formación y la publicidad. El Derecho Penal es represivo y tenemos que buscar medidas preventivas", agregó.

Las asociaciones de mujeres califican 2008 de 'un año pésimo'

Para la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, la cifra de 72 mujeres muertas en 2008 es "insoportable". En declaraciones a Servimedia, Gonzalo pidió que el Gobierno, los jueces, los parlamentarios y la sociedad en general consideren la violencia de género un problema de Estado y dediquen "cuantos medios sean necesarios para erradicar esta lacra". La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, calificó de "pésimo" el año 2008 en materia de violencia de género y denunció la "aplicación judicial perversa" que, a su juicio, se realiza de la ley integral contra la violencia de género.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, manifestó que 2008 ha sido un año negativo en materia de malos tratos, no sólo por el número de víctimas, sino porque, según el último informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, menos del 3% de los españoles consideran los malos tratos a mujeres como un problema grave.

Mercedes de la Merced, presidenta de la Confederación Nacional de Federaciones de Mujeres en Igualdad, considera que la asistencia letrada a las mujeres que denuncian malos tratos debería ser obligatoria por ley, por lo que la ley integral contra la violencia de género debería ser modificada en este sentido, según manifestó a Servimedia.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en su última sesión plenaria de 2008 pedir al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas la implantación inmediata de un sistema de alertas en los ordenadores de los órganos judiciales con competencia en la instrucción y enjuiciamiento de delitos vinculados con la violencia de género.
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