El Gobierno de Rodríguez Zapatero está estudiando la posibilidad de otorgar ayudas económicas «temporales» a los separados y divorciados para facilitarles el acceso a la vivienda, sobre todo, a los que tienen hijos a su cargo. Así lo confirmó ayer la ministra Beatriz Corredor, quien no aclaró cómo se articularían tales ayudas, aunque adelantó que, a su modo de ver, deberían centrarse en el alquiler y no en la adquisición de pisos en propiedad. «Es una buena salida», explicó.

Corredor, que participó ayer en un desayuno informativo organizado por el Fórum Nueva Economía, se mostró partidaria de que los subsidios sólo se concedan cuando los demandantes cumplan unos «requisitos esenciales», como disponer de una resolución judicial firme sobre la situación de la pareja; pagar religiosamente la pensión alimenticia y no estar incurso en ningún procedimiento de violencia de género.

La ministra de Vivienda explicó que el propósito del Gobierno socialista es que las ayudas se extiendan también a otros colectivos sociales, como las víctimas del maltrato sexista, las personas mayores y los jóvenes investigadores. Hasta el momento, la Administración central ha puesto en marcha una ayuda de 210 euros mensuales destinada a las personas de 18 a 29 años que tengan un contrato de trabajo. En mayo se habían presentado 130.000 solicitudes en el conjunto de España, mientras que en el País Vasco los demandantes se acercaron a 3.000. Estos últimos han tramitado la petición en el Gobierno vasco, aunque el dinero lo ponga luego el central a través de un convenio suscrito por ambas administraciones.

Una prestación de similares características para las parejas rotas tendría en principio más beneficiarios potenciales. Entre 2000 y 2006 se formalizaron 414.000 divorcios en España, y sólo durante el primer semestre de 2007 se contabilizaron alrededor de 85.000.

Pagando a medias

Según la Federación de Padres y Madres Separados de Euskadi (Kidetza), desde 2004 se han disuelto anualmente en la comunidad autónoma entre 5.000 y 6.000 matrimonios, lo que representa un colectivo de 10.000 a 12.000 personas especialmente vulnerables a la crisis económica y, en concreto, a la subida de las hipotecas.

Justo Sáez, portavoz de Kidetza y de la confederación estatal de padres separados, explicó ayer que la medida sugerida por la ministra Corredor le parece necesaria para los ex-cónyuges que no obtienen la custodia de los niños y abandonan el piso que compartían con su ex-pareja, un inmueble que normalmente los dos están pagando a medias. «El cónyuge no custodio tiene que instalarse muchas veces en un domicilio con otras personas, donde dispone de una simple habitación -comenta Sáez-. Los hijos no pueden pernoctar con él en las fechas que le corresponde y se convierte en una especie de 'canguro' que pasa las tardes con ellos y luego los devuelve a su ex pareja».

El representante de Kidetza puso el ejemplo de una persona que ingrese mensualmente 2.000 euros y que se haya divorciado sin recibir la custodia de un hijo pequeño. «La pensión alimenticia ronda los 450 euros -detalló-. Luego sumas la mitad de una hipoteca de 1.500 euros mensuales que pagaba con su ex cónyuge, es decir, 750. Y añade a continuación un alquiler para vivir, que no baja de 700. Quedan cien euros al mes para subsistir».

Sáez insistió en la necesidad de desarrollar políticas activas de vivienda para los divorciados, una cuestión de la que previsiblemente hablarán hoy en Madrid la ministra Beatriz Corredor y el consejero vasco Javier Madrazo. Ambos quedaron citados para exponer las políticas de sus respectivos departamentos y también para evaluar cómo marcha en Euskadi la ayuda de 210 euros para los jóvenes.